Tala clandestina: un escándalo con madera, maíz, topadoras y ganado

Provincias 03 de mayo de 2021 Por Visión Política
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Fuentes bien informadas, que pidieron reserva de identidad por su seguridad personal, aportaron algunos datos claves sobre el desbande fronterizo. El Tribuno los resume en esta nota, en el entendimiento de que podrían ser de utilidad en las investigaciones judiciales que se avecinan.

Desde hace aproximadamente dos años productos forestales que son ilegalmente extraídos en las fincas de las que la Justicia Federal desapoderó a Delfín Castedo estarían siendo derivados a plantas madereras de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal y Orán. En aserraderos norteños se procesan productos de madera que llegan hasta Buenos Aires y Bolivia.

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Cada equipo con rollos redituaría a empresarios implicados en la cadena ilícita entre 400 y 500 mil pesos, dependiendo de la especie depredada (principalmente cedro, lapacho, quina, urundel y palo amarillo).

Equipos cargados con madera ya aserrada, como trabillas, reportarían hasta $1,5 millones. En caminos fronterizos se cobran "peajes" de hasta $100.000 por cada camión.

Un miembro de la red ilícita que se presentó en algún momento como primer encargado de la UBA en Salvador Mazza habría puesto un corralón de madera en Villa Maza, localidad de la provincia de Buenos Aires localizada en el límite con La Pampa. Postes y trabillas de especies taladas ilegalmente en el norte salteño, tal como sucedió con muchos de los caños saqueados al Gasoducto NEA, estarían siendo aprovechadas en campos agrícolas y ganaderos de la región pampeana.

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Maquinarias

Entre los bienes que el juez federal de Lomas de Zamora embargó y entregó en guarda judicial a la sociedad administradora ligada a la UBA resaltaban seis topadoras Caterpillar D-8, tractores, rastras, casillas rurales y cargadores de maíz, entre otros equipos e implementos agrícolas. Algunas máquinas fueron desarmadas y se habrían vendido por partes. Hay una topadora "desaparecida" que, según las fuentes, estaría guardada en un campo vecino que pertenece a un conocido comerciante de la zona.

El alquiler de una topadora genera 200 dólares por hora. Solo reparar el rodillo de una de esas máquinas cuesta 30.000 dólares.

El juez Villena embargó las fincas de Castedo con alrededor de 1.800 cabezas de las razas Bradford y Brahman. El plantel bovino incluía 900 vacas madres y una producción de 600 terneros por año. También había un campo de maíz de 300 hectáreas en producción, con un rinde global de aproximadamente 2.400 toneladas y un precio estimado en 120 dólares por tonelada. Con el aval de la administración puesta por la Justicia Federal, un veterinario de la zona habría operado con documentación para el tránsito de animales (DTA) apócrifa. Funcionarios del Senasa de Salvador Mazza y Tartagal podrían aportar algunos testimonios de interés para la Justicia. Uno de ellos secuestró un equipo de transporte con novillos identificados con las marcas de Castedo. La causa recayó en la Justicia provincial. Hasta el día de hoy se desconoce el destino de esos animales. Otro funcionario del Senasa habría llegado a enfrentarse a golpes de puño con el primer encargado que tuvo la administración de la UBA por diferencias en torno de los permisos.

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Como los caños del GNEA, ahora se filtra un bosque saqueado en el norte

Hace pocos meses eran camiones con caños robados al Gasoducto del NEA y hoy son equipos cargados con madera depredada en Salvador Mazza los que atraviesan los controles con pasmosa impunidad.

Salta sigue dando que hablar, ahora con las fincas que la Justicia Federal le incautó a Delfín Castedo en una causa por narcotráfico.

Hace dos años, Federico Villena, un juez que nombró Cristina Fernández y que Mauricio Macri trasladó al estratégico juzgado de Lomas de Zamora, confió las 25.000 hectáreas de las fincas El Aybal y El Pajeal a la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde la primera hora la decisión despertó polémica porque la Universidad Nacional de Salta (UNSa) quedó fuera de todas las consideraciones a la hora de elegir la depositaria judicial y administradora de las tierras y los bienes de los que Castedo fue desapoderado con carácter provisional.

En manos de la sociedad anónima unipersonal, avalada por la UBA, el monte nativo fue depredado a mansalva y se calcula que las talas ilegales ya barrieron con cerca de 200.000 ejemplares de cedro, cebil, urundel, lapacho y palo amarillo de los que solo quedaron tocones en el bosque de transición del borde fronterizo con Bolivia.

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Punto final

Ante las talas y desmontes irregulares denunciados por lugareños y corroborados con inspecciones e informes de teledetección, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia ordenó la inmediata paralización de toda actividad de cambio de uso de suelo o aprovechamiento forestal en las tierras intervenidas.

La clausura total y preventiva se estableció a través de la disposición 91/21 de la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría que conduce Alejandro Aldazábal. Por la citada disposición, que se firmó el pasado 13 de abril y cuyos alcances recién se conocieron en la antesala del feriado del Día del Trabajador, la jefa de Fiscalización y Control del organismo provincial, Silvina Borelli, también suspendió las autorizaciones vigentes en la matrícula 17163 del departamento San Martín.

A la par, la abogada a cargo del área ordenó el inicio de sumarios administrativos contra la Sociedad Administradora de Campos de la UBA, César Guido (responsable visible de la firma) y Hugo René Muñoz (presunto autor material), para que puedan ejercer su derecho a defensa y deslindar su responsabilidad por la extracción ilegal de especies nativas y la ejecución de actividades de cambio de uso de suelo en una extensión de 9,87 hectáreas.

Como parte de las medidas precautorias, la Secretaría de Ambiente intimó a la administración puesta por la Justicia Federal a rendir, en un plazo perentorio que vencerá la semana entrante, las guías que recibió en el marco de dos aprovechamientos forestales que se aprobaron a través de las resoluciones 154 y 711 de 2019.

En los próximos días el Ministerio Público Fiscal de la Provincia recibiría copias certificadas de las actuaciones para promover acciones contra los responsables de la gravísima situación ambiental constatada en Salvador Mazza.

Para asegurar que se efectivicen las medidas ordenadas, la Secretaría de Ambiente ya remitió un oficio al juez Federal de Orán, Gustavo Montoya, solicitando el auxilio de la fuerza pública.

Hasta el cierre de esta edición se desconocía si las diferentes unidades de Gendarmería Nacional, la principal fuerza llamada a intervenir, fueron instruidas para detener las talas clandestinas y evitar que rollizos y trabillas de origen ilícito sigan saliendo hacia plantas madereras de Salvador Mazza,

Tartagal, Aguaray, Buenos Aires y Bolivia inclusive, según testimonios que El Tribuno obtuvo de fuentes que pidieron reserva de identidad, por temor a represalias en una de las líneas de frontera más calientes del país.
Hasta aquí, el juez Villena, responsable primario de la custodia de las fincas intervenidas y de la administración que puso a explotarlas, se recluyó en un silencio absoluto y brilló por su indiferencia ante otro escándalo que empieza a llamar la atención de los medios nacionales desde el norte de Salta.

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Vuelta de almanaque 

En marzo de 2019, por resolución 154, la Secretaría de Ambiente autorizó a la administración puesta por el juez Villena a realizar un aprovechamiento forestal de 49 hectáreas en el sector de la finca El Aybal conocido como Quebracho Ladeado.

En octubre de ese mismo año, por resolución 711, la administración avalada por la UBA fue autorizada a realizar otro aprovechamiento de 251 hectáreas en el mismo sector de El Aybal.

Solo nueve días después, ante denuncias de un lugareño y de Ieasa (empresa nacional que reemplazo a Enarsa y está a cargo del mantenimiento del Gasoducto de Integración Juana Azurduy), el organismo provincial inició un sumario contra la sociedad que administra la citada finca fronteriza por “extracción ilegal de productos forestales”.

En el marco de esas actuaciones, la Secretaría de Ambiente ordenó una primera paralización de actividades en el inmueble rural, suspendió preventivamente las autorizaciones y dispuso medidas para constatar la infracción administrativa.

En una posterior inspección ocular se detectó un aprovechamiento forestal ejecutado fuera del área aprobada y a lo largo de la traza del gasoducto binacional. También se advirtió la existencia de campamentos madereros y diversos puntos de acopio de madera.

Tras el informe de la inspección ocular, por disposición 196, la Dirección de Fiscalización y Control del organismo sancionó con una multa y compensación a la sociedad administradora de la UBA, al encontrarla “responsable de la ejecución de actividades de aprovechamiento forestal fuera del área autorizada”.

En la citada disposición también se marcaron irregularidades en la extensión de guías forestales y talas ilegales, por lo que la administración ligada a la UBA terminó incluida en el Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales de la Provincia de Salta por un plazo de dos años.

En los primeros meses de 2021 nuevas denuncias dieron cuenta de un incremento de las extracciones ilegales de madera, tanto por parte de la sociedad anónima unipersonal que constituyó la UBA para administrar campos, como de terceros que talan y comercializan productos forestales sin autorización alguna. Todo esto, más la presencia de campamentos madereros, fue constatado durante una reciente inspección realizada en la zona. Fuentes: primerapagina.info y eltributo.com

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