Piñera, el diablo acorralado, busca un conflicto para flotar: Por qué Chile desconoce lo que firmó?

Mundo 04 de septiembre de 2021 Por Visión Política
Dictador-Piñera

El presidente chileno, Sebastián Piñera, tiene los días contados al frente de su gobierno. El 21 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales, y en marzo de 2022 deberá entregar su cargo. Sin embargo, lo más grave para el mandatario de derecha –y para los sectores que representa– no es que haya un cambio de gobierno, sino que todo indica que lo que concluye en Chile es el proyecto político que se instaló con la dictadura de Augusto Pinochet y se sostuvo inamovible hasta el estallido social de 2019. Desde aquellas revueltas de octubre hasta la fecha, la derecha ha visto que su poder se desvanece: perdió el plebiscito, no pudo evitar que comenzara a recorrerse el camino para la creación de una nueva Constitución, quedó disminuido en la elección de constituyentes, y las fuerzas progresistas –aunque ahora con menos fuerza por algunas divisiones– parecen encaminarse a un triunfo en las elecciones presidenciales.  

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En ese marco, Piñera busca provocar un conflicto diplomático con Argentina para despertar el carácter nacionalista del pueblo chileno y, así, intentar fortalecer el proyecto de la derecha de cara al proceso electoral. El 23 de agosto, emitió un decreto en el que redefine los límites marítimos, incluyendo un sector de la plataforma argentina.

La palabra que más repiten en la cancillería argentina es “sorpresa”. Cuando menos lo esperaban, aseguran, Chile decidió por decreto ampliar su plataforma continental en 30.500 kilómetros cuadrados. Según Argentina, 5.500 de ellos les pertenecen, y el resto es patrimonio universal. “Chile con este decreto intempestivo, apropia”, acusó el canciller argentino, Felipe Solá.Nadie se apropia de lo que le pertenece”, le contestó su par chileno, Andrés Allamand

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Ambos países se han enfrascado en una agria disputa territorial. Las relaciones bilaterales se han ensombrecido como nunca desde aquella que en 1978 los llevó al límite de una guerra. La mediación del papa Juan Pablo II puso fin en 1984 a la pelea por tres islas ubicadas al sur del canal de Beagle, en el extremo sur del continente. Los límites impuestos por ese Tratado de Paz y Amistad son los que ahora están en tensión. El texto del acuerdo firmado hace 37 años estableció que al oeste del meridiano 67 tiene soberanía Chile y al este Argentina. El problema es que esa línea se corta en el llamado “punto F”, y fue al sur de ese punto imaginario que Chile proyectó su plataforma marítima hacia el este.

En un informe ante el Senado argentino, el miércoles, el canciller Solá dijo que “Chile no puede pretender proyectar su soberanía más allá de los límites acordados en el Tratado de Paz y Amistad de 1984”. “Chile tiene derecho a estar al oeste del meridiano, no tiene derecho a estar al este del meridiano”, dijo. La tensión escaló el año pasado, cuando Argentina convirtió en ley los nuevos límites a su plataforma continental que en 2017 fueron reconocidos por la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Durante ese proceso, iniciado en 2009, la posición argentina recibió reclamos de seis países. Entre ellos estaba Reino Unido, por sus pretensiones sobre las Islas Malvinas, pero nunca de Chile, un paso que hubiese bastado para que la comisión suspendiese su trabajo sobre la zona que ahora está en disputa. Chile niega que no haya presentado quejas. Argentina apunta una nota de 2016, pero asegura que solo manifestaba una preocupación sobre la Antártida, sin mención alguna a la plataforma continental.

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Del lado chileno, la posición es otra. De partida, aseguran que Argentina no puede acusar “sorpresa”, porque en 2009 se envió una nota diplomática manifestando que lo que Argentina estaba haciendo “era inoponible”, tanto en relación a la plataforma continental como respecto de la Antártica (porque el aforismo jurídico indica que los asuntos se deshacen como se hacen, es decir, bilateralmente y no unilateralmente). La Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas en 2016 no se pronunció sobre la Antártica –no puede, al tratarse de un territorio en controversia–, pero el órgano hace su “recomendación técnica” y considera correcta la medición de prolongación natural del continente sudamericano, es decir, valida la existencia de una plataforma continental extendida. “Pero la comisión no adjudica derechos entre Estados. No lo podría hacer porque no es un tribunal, es un órgano científico”, explican en la Cancillería chilena sobre este proceso “confidencial, que se realiza a puerta cerrada” entre Argentina y la comisión, sin que Chile tuviera acceso a los antecedentes.

Fue en 2020 cuando se produce “la necesidad de una nueva reacción”, aseguran en la Cancillería chilena, cuando Argentina unilateralmente comenzó a discutir en el Congreso una ley sobre lo que consideraba su plataforma continental sobre la base del informe científico, incluso con coordenadas. El 11 de mayo del año pasado, Chile envió una nueva nota diplomática, “pública, con un tono duro, diferente al de 2009”, con copia ya a la División de Temas Marítimos de la ONU, donde “señalaba claramente que no se aceptaba el trazado que Argentina considera como límite”. El 30 de julio de 2020 se envió “una tercera nota contundente”, relatan en la Cancillería chilena, como muestra de que Argentina no puede hablar hoy de “sorpresa”. En ese contexto, tras peticiones de la ONU, que tiene bajo su administración el fondo marino, Chile informa los límites exteriores de su plataforma y actualiza su Carta Náutica Nº8 de acuerdo a la Convención de Derechos del Mar.

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, añaden, lo que haga la comisión es sin perjuicio de las cuestiones de delimitación entre Estados con costas adyacentes, por lo que muchos estados no reclaman ante la comisión y esperan sus recomendaciones para después ver el asunto de la delimitación directamente entre los Estados concernidos.

Para Chile, Argentina ha llevado adelante acciones sin consulta que resultan inaceptables. Ejemplifican: el Tratado de Paz y Amistad de 1984 indica que la delimitación marítima entre ambos países llega hasta el “punto F”, el punto final del límite. “Pero Argentina baja el ‘punto F’ y a ese segmento, más al sur, le llama límite internacional. Pero los límites internacionales no los puede poner un país unilateralmente, deben ser acordados”, explican en la Cancillería chilena, donde defienden la legalidad de su Carta Náutica Nº8, entre otros argumentos, basándose en el tratado de hace 37 años, “que indica que la zona económica de Chile se extenderá en todo lo que le permita el derecho internacional, con el criterio de la distancia de 200 millas”. En el ministerio de Relaciones Exteriores no niegan el derecho de Argentina a una plataforma extendida, pero el problema apunta a que se superpone con la plataforma jurídica chilena. “Lo que queremos es delimitar”, informan desde Chile, que asegura tener a su favor fallos internacionales anteriores, como el de Malta y Libia de 1985.

En Chile no olvidan que, según su versión, Argentina a fines de los años setenta desconoció un fallo arbitral que había determinado el límite en el canal Beagle y que tres islas al sur eran chilenas, cuya importancia radicaba en la proyección marítima de Chile. Argentina estuvo dispuesta a ir a la guerra para evitar “la justa proyección marítima chilena y hoy acusa a Chile de expansionismo, solo por reclamar sus 200 millas de plataforma continental”, se defienden en la Cancillería de Santiago de Chile. “El precio de la paz fue una enorme renuncia por parte de Chile”, explican en el ministerio, donde sospechan de intereses geopolíticos por parte de Argentina.

La cuestión no es menor. El canciller chileno, Allamand, se encuentra de gira por España y se tomó un momento para grabar un vídeo que subió a Twitter. Allí pidió a Argentina “negociar” una salida consensuada, aprovechando que el Tratado de Paz y Amistad ya establece mecanismos internos para eso. Desde la Cancillería argentina, sin embargo, consideraron que es aún pronto para un diálogo. “Nuestra posición ahora es informar y no nos vamos a cansar de informar mientras sea el tiempo de informar. Tenemos un derecho adquirido y lo vamos a defender”, dice la misma fuente del Palacio San Martín en Buenos Aires. La solución, cualquiera sea, puede demorar años. Si no hay acuerdo, la disputa terminará en un tribunal internacional.

Antecedentes

Por lo visto, las cuestiones limítrofes con Chile no estarían resueltas según las afirmaciones del geologo chileno Dr. Cedomir Marangunic Socio fundador y director de la Consultora Geoestudios. Es chileno por nacimiento y croata, geólogo de la Universidad de Chile y Doctor of Philosophy (Ph.D) en Glaciología del Departamento de Geología de la Ohio State University. Ha sido profesor y director del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, y desde hace algunos años dicta el curso de Glaciología para América Latina organizado por CODIA (Comité Directores de Agua de América latina) y apoyado por el PNUMA, entre sus principales actividades académicas.

Desde 1982 se desempeña como geólogo consultor, socio y representante legal de la empresa Geoestudios, la primera empresa en Chile que se ocupa de proyectos, estudios e investigaciones en materia de glaciares, nieve y avalanchas.

Es considerado uno de los expertos con mayor autoridad en Chile en materia de glaciares, nieve, avalanchas y riesgos naturales. Es autor de numerosas publicaciones en diferentes idiomas, cientos de informes técnicos, ha participado en decenas de reuniones científicas y ha pertenecido a diversas sociedades profesionales, incluida la Sociedad Chilena de la Criósfera (creada en 2018).

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El reconocido geologo considero que pasados casi 23 años de la celebración del Acuerdo entre Chile y Argentina para precisar el Recorrido del Límite desde El Monte Fitz Roy hasta El Cerro Daudet en el Campo de Hielo Patagónico Sur (CHPS) segun denominacion chilena,  seguimos en presencia de un asunto que -a pesar de su importancia- esconde numerosos aspectos no aclarados. Durante este tiempo sucesivos Gobiernos chilenos han insistido en que en 1998 “fue solucionado el último problema limítrofe pendiente con Argentina”.

Los hechos demuestran que no es así. Entre otros complejos casos, esa expresión de deseo no es consistente con el hecho de que, pasado todo este tiempo, poco y nada sabemos de los trabajos de la Comisión Mixta de Límites para “delimitar” la llamada Sección B del Acuerdo de 1998 (área norte del sector ahora en disputa). No conocemos por dónde podría pasar la nueva traza del límite en dicha sección. En Chile este tema se encuentra bajo secreto, mientras que en Argentina se publican mapas (algunos incluso oficiales), que ilustran un límite que afirma las pretensiones de nuestros vecinos.

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A esta oscura realidad cabe sumar la aparición de nuevos frentes de conflicto bilateral en la zona de la Plataforma Continental Magallánica-Antártica, esto es, una disputa por millones de kilómetros cuadrados de suelo y subsuelo marino situados entre las islas del Cabo de Hornos, Diego Ramírez y otros archipiélagos, por el norte, y las costas del Territorio Chileno Antártico, por el sur. En este último caso, y pese a la porfiada reticencia de las autoridades responsables (Difrol), la opinión pública ya tiene claro que este asunto representa, nos guste o no, otro y muy complejo problema limítrofe con Argentina. 

Es sabido que en 1881 Chile y Argentina suscribieron un Tratado de Límites que en la Patagonia estableció como principio limítrofe el Divortium Aquarum (divisoria de aguas). Conforme con ese principio, las hoyas hidrográficas que desaguan al Pacífico serían chilenas, mientras que aquellas que desaguan al Atlántico son argentinas. El artículo 1º de ese tratado dice: “El límite entre Chile y la República Argentina es de norte a sur hasta el paralelo cincuenta y dos de latitud, la cordillera de los Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión de dichas cordilleras que dividan aguas, y pasará entre las vertientes que se desprenden a un lado y a otro…”. A los efectos cabe entender que lo relativo a las “cumbres más elevadas que dividan aguas” no refiere sólo a las cumbres más elevadas de la cordillera, sino que a aquellas que dividen, valga la redundancia, las aguas. 

A mediados de la década de 1890, y a raíz de la ocupación por colonos argentinos de valles de “Cuencas Pacíficas” (Lago Buenos Aires/General Carrera, Lago San Martin/O’Higgins y otras), Argentina planteó diversas controversias requiriendo delimitación, ahora según un supuesto principio de las “más altas cumbres”. En el marco del desacuerdo suscitado bajo esta “nueva interpretación” de un acuerdo vigente (reflejado en el trabajo de los peritos de ambas partes designados al tenor del Tratado de 1881), en 1896 los dos países establecieron el Arbitraje de Su Majestad Británica para que este fijara el límite sobre las áreas en que había discrepancias entre los peritos. De la revisión de los antecedentes que Chile y Argentina presentaron al Árbitro Británico queda absolutamente claro que, antes del arbitraje británico, los peritos de ambos países habían plenamente coincidido en el límite correspondiente al tramo sobre CHPS entre los montes Fitz Roy y Stokes.

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Este acuerdo pleno consta en las Actas de Peritos de 1898, siendo estos antecedentes luego conocidos por el árbitro en el proceso que concluyó en 1902. Dicho de otra forma, al menos desde 1898 el área del CHPS se encuentra delimitada. Es más, considerando que el área del CHPS se encontraba delimitada desde 1898 no fue considerado en el compromiso del citado Arbitraje Británico como un área sometida a la litis. Así de simple. Por esta simple razón durante gran parte del siglo XX la discusión por CHPS no fue un asunto bilateral relevante.

Las cuestiones limítrofes que marcaron la agenda chileno-argentina fueron aquellas de Laguna del Desierto (vecina a CHPS en la cual, en 1965, fue asesinado el teniente de Carabineros Hernán Merino) y el conflicto surgido a propósito de la interpretación argentina sobre “las Islas al Sur del Canal Beagle” (por el cual a fines de 1978 casi llegamos a la guerra).

La cuestión del CHPS aparece como prioridad de la agenda bilateral solo a partir de las “Declaraciones Conjuntas Presidenciales de 1990 y 1991”, suscritas por los presidentes Patricio Aylwin y Carlos Menem, que pretendieron “construir una nueva relación vecinal”. Esas declaraciones abrieron la discusión sobre territorios que hasta esa fecha estaban indiscutiblemente delimitados bajo las Actas de Peritos del año 1898, un aspecto que, en los hechos y en el derecho, el árbitro británico sancionó al declarar que, entre el cerro Fitz Roy y el Monte Stokes “la frontera ya ha sido establecida por acuerdo mutuo de los respectivos Estados (…)”. (Artículo 4 del Laudo Arbitral de Su Majestad Británica, 1902).

En el marco de la nueva agenda abierta en 1991 por los presidentes Aylwin y Menem, en 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ambos países convinieron el citado Acuerdo con Argentina para precisar el Recorrido del Limite desde El Monte Fitz Roy hasta El Cerro Daudet. Este instrumento consolidó una nueva lógica con la que se podría llegar a ceder a Argentina 2.500 kilómetros cuadrados adicionales de territorio con valiosos hielos milenarios. Esto a pesar de que hacia 1998 ni siquiera existía la cartografía oficial chilena a la escala necesaria para guiar a nuestros negociadores (que al parecer tampoco la solicitaron para negociar). De esa forma una cuestión que, a lo más, era un problema de “demarcación” de terrenos delimitados en 1898, se convirtió en un complejo “problema de límites” que sigue pendiente.

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De los aproximadamente 2.500 km2 de CHPS que las autoridades chilenas parecieron querer entregar a Argentina, del orden de 1.500 km2 se encuentran en la denominada Sección B (supuestamente aún por “delimitar”). Ello, no obstante que, como ya se anotó, en repetidas oportunidades Argentina ha difundido mapas oficiales que la incluye en su territorio. Como tantas veces en estos años, ante repetidas violaciones de Argentina a lo pactado en el Acuerdo de 1998 (diversos mapas oficiales con la zona delimitada a su antojo), la reacción chilena se ha limitado a despachar algunas notas diplomáticas y a monótonamente repetir que, a nivel político, con dicho instrumento “todo fue solucionado”. Otra vez, no es así, por lo cual cuesta entender por qué la diplomacia chilena se resiste a aceptar que se trata de un problema estructuralmente perjudicial para Chile, cuya integridad territorial es su primera obligación defender.

En suma, frente a la magnitud de los problemas que la implementación del instrumento de 1998 conlleva -querámoslo o no-, es muy probable que a la larga terminemos en uno o más arbitrajes con Argentina. Por lo mismo, es hora de aceptar que será necesario actuar para superar la grave amenaza geopolítica y geoestratégica que nos impone ese acuerdo bilateral. Real Politik, nada más. En el pasado, negociadores y políticos chilenos de turno estimaron que para el caso del Campo de Hielo Patagónico Sur era conveniente la fórmula de un “arreglo directo” para evitar un juicio o un arbitraje. Lo explicado anteriormente demuestra que esa fórmula -aquella de que “es mejor un mal arreglo que un mal juicio”- tendría consecuencias nocivas y permanentes para las futuras generaciones de chilenos. Chile debería prepararse -con seriedad y en detalle- para llevar a un arbitraje internacional el engorroso problema de CHPS (Hielos Continentales).

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El presente enfrenta a la administración Piñera en retirada, con la posibilidad de una dura derrota electoral en los próximos comicios presidenciales que dejaría a dos coaliciones de izquierda con la chance de gobernar a Chile, relegando a la derecha que alterna en el poder desde el fin de la dictadura pinochetista. Este conflicto que viene desde hace décadas siendo alimentado por el nacionalismo, es ahora utilizado como recurso electoral, ya que lo mismo ocurrió con el laudo de la Corte de la Haya que negó una salida al mar a Bolivia en un fallo dividido.

Frente a este panorama, las autoridades de la Cancillería Argentina como de la embajada Argentina ante el país transandino, debieran fijar rápidamente una posición reiterando la validez de los acuerdos de 1984 y 1998. Fuentes: primerapagina.info reuters AP Cancilleria Chile Instituto Oceanografico Naval lamovidaplatense.info

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