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Para subir 08 de diciembre de 2021 Por Visión Política

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INFORMACION DE INTERES Y COMPLEMENTARIA:

Un abogado platense denunció a Xavier Areses por el incumplimiento de una orden judicial que disponía el traslado de una persona detenida en la DDI de La Plata dadas las pésimas condiciones de encierro y hacinamiento Un abogado de la ciudad de La Plata denunció al titular del Servicio Penitenciario Bonaerense Xavier Areses por los delitos de "tortura y desobediencia" al no cumplir el traslado de una persona privada de su libertad a una unidad penal, dada las condiciones en que se encuentran los calabozos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) ubicado en 61 entre 12 y 13, pleno centro de la ciudad Dicho traslado había sido ordenado por el titular del Juzgado de Garantías N°1 Guillermo Atencio el pasado 20 de mayo, quien exigió al SPB que aloje a la persona en "una alcaldía o en su defecto algún penal de la provincia, con preferencia en las cercanías de la ciudad de La Plata, por acercamiento familiar" En la presentación judicial, el letrado afirmó que en dicha dependencia, la cual fue clausurada en varias oportunidades, "los calabozos no tienen baño ni agua, hay olores nauseabundos porque están tapados los desagües, los presos no pueden hacer sus necesidades fisiológicas, ni tomar agua ni bañarse o asearse sin tener que pedirle autorización a la imaginaria del calabozo", por lo que consideró que la persona detenida está siendo "torturada" Cabe recordar que Areses fue responsable, junto al ministro de Justicia Julio Alak, de la brutal represión ocurrida en noviembre del año pasado luego de varios días de protestas en varias cárceles bonaerenses que pedían la vuelta de las visitas Hace pocos días la Corte Suprema de la Nación le ordenó a la justicia de la provincia que gobierna Axel Kicillof que actúe sobre el hacinamiento en las cárceles y comisarías bonaerenses, dictaminando que la Corte Suprema bonaerense es responsable de la sistemática violación a los derechos humanos que sufren las personas que se encuentran privadas de su libertad A partir de 2012, la cantidad de personas que son alojadas en distintas comisarías de la provincia aumentó un 426%, y alcanzó un pico de 5661 en noviembre del año pasado. Lo que deja al descubierto la crisis humanitaria, agravada con la llegada de la pandemia, que padecen las más de cien mil personas privadas de su libertad en todo el país y que no fue resuelta por ningún gobierno.

 

El Presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, intervino ante un “apriete” de la Procuración General contra un juez que denunció torturas dentro de un penal bonaerense Las tensiones entre la Suprema Corte bonaerense, su Procuración General y el Poder Ejecutivo de la Provincia, no aflojan. A las advertencias por la proliferación de mecanismos que permiten el armado de causas, la falta de presupuesto y la interferencia del Gobierno en el ámbito judicial, se sumó en las últimas semanas un nuevo roce Fue a partir de una resolución firmada por el presidente del Máximo Tribunal bonaerense, Eduardo De Lázzari, que contiene un mensaje político que impacta cerca del procurador Julio Conte Grand y le pone mucha presión al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y al titular del SPB, Xavier Areses Todo se originó cuando las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de las Torturas detectó y denunció el caso de una mujer trans, de 36 años, portadora de HIV, que sufrió malos tratos en un penal bonaerense, que le provocaron trastornos graves e irreversibles en su estado de salud La afrenta de Coriolano no pasó inadvertida a ojos del poder político. El titular del SPB, Xavier Areses, le formuló una denuncia en la Secretaría de Política Criminal de la Corte, atribuyéndole al Defensor haber entrevistado a la detenida sin autorización. La presentación no prosperó en ese ámbito, pero luego recibió un impuso clave: Francisco Pont Vergés, el número dos de la procuración, la convirtió en un disparador para iniciar un expediente disciplinario contra Coriolano. Pero, además, instruyó a la Fiscalía General de La Plata a que formule denuncia penal que quedó radicada en la UFI 15 de la Capital bonaerense n este punto intervino la Corte, mediante su presidente, Eduardo De Lázzari, quien ordenó una serie de medidas tendiente a que todos los involucrados en el caso –el SPB, la Procuración-, se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura Pero además pidió al procurador Conte Grand detalles respecto de las denuncias iniciadas contra el Servicio Penitenciario por las torturas a MMV, ordenó que se le indiquen las identidades de los presuntos responsables, que se le dé cuenta del estado procesal de la víctima, y que se especifique qué medidas tomaron para que no sufra represalias El Jefe de los fiscales bonaerenses viene de una semana para el olvido. Es que formuló declaraciones en las que dio a entender que no dejará su cargo cuando termine el mandato de María Eugenia Vidal porque es "vitalicio". El problema es que esa posición contradice lo que decía algunos meses atrás. A lo que se suma que en la oposición ven con muy malos ojos lo hecho en dos años de gestión ya que, consideran, actuó como "protector" de María Eugenia Vidal

 

A raíz de una denuncia presentada ante la Justicia, solicitan que se investigue a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense por corrupción y cobro indebido de “seguros de vida” o “protección” dentro de la cárcel de Lisandro Olmos, de Florencio Varela y otras unidades penitenciarias de la Provincia. Los denunciantes anónimos aseguran que los capellanes deben abonar una especie de “canon” de $22.000 anuales para “asegurar la integridad física de los trabajadores de culto”, que auspician las misas dentro de los pabellones.

Por otro lado, según consta en la denuncia que investiga la UFI Nº 17 a cargo de la doctora María Eugenia Di Lorenzo, el propio SPB dejó sin efecto la resolución administrativa interna, que creaba un consejo Asesor de Culto no católico. Esto trajo consecuencias nocivas, como la implementación de credenciales apócrifas dentro de las cárceles para poder ejercer su profesión.

Una fuente consultada por este medio enumeró una serie de delitos que se llevan a cabo dentro de la unidad carcelaria: “ocurren suicidios, cobros indebidos por el uso de camas a personas que recién ingresan a los pabellones evangélicos, nombramiento de pastores por parte de oficiales y agentes del Servicio, para recaudar fondos productivos de dadivas y narcomenudeo”.

Vale destacar que la mayoría de los integrantes de la cúpula de oficiales que estaba a cargo de la Unidad Penal 1 de Lisandro Olmos fue removida de su cargo días atrás. Entre las acusaciones que trascendieron, aparecen venta de drogas dentro de la cárcel, irregularidades en el servicio alimentario, pabellones y celdas tarifadas y hasta comercialización de permisos para estudiar y trabajar. Pero los denunciantes esperan que también sean investigadores como cómplices al director máximo del SPB, Xavier Areses, ya que esto no sólo sucede en Lisandro Olmos.

También apuntan contra el ministro de Justicia, Julio Alak, por falta de actuaciones ante semejantes delitos, porque estas denuncian llevan más de un año y recién ahora se inició un sumario contra los funcionarios imputados.

 

 

https://realpolitik.com.ar/nota/37212/nos-sentimos-desprotegidos--duras-acusaciones-de-agentes-del-servicio-penitenciario-bonaerense/

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